El señor de Guindos, el pasado jueves, dio a conocer la reforma financiera en España que, mediante Real Decreto, pretende sanear a los bancos de nuestro país. El objetivo principal es buscar soluciones a los problemas derivados del sector inmobiliario donde la banca se ha visto desbordada por sus innumerables activos problemáticos derivados de los créditos al promotor y la caída del sector.
Los medios de comunicación, y yo diría que también los mercados, hasta ahora han acogido la reforma financiera con entusiasmo. Con ella se obliga a los bancos a que a finales de este año, sean capaces de provisionar los activos inmobiliarios considerados problemáticos. Dentro de estos no sólo se encuentra el suelo, sino también las promociones inmobiliarias que no se han terminado y las que sí lo han hecho y no se venden. A cada activo dudoso se les exige una cobertura distinta: al suelo un 80%, a las promociones en curso un 65% y a las promociones que sí se han terminado un 35%. Si estas coberturas y sus respectivos tantos por ciento son o no suficientes el tiempo lo dirá.
En otras palabras, lo que el Gobierno pretende con esta reforma es que el valor de todos estos activos dudosos, con los que cuenta la banca, se refuercen a través de provisiones extraordinarias más un colchón de capital que sirva de apoyo a dicha cobertura. Los bancos reflejarán, a finales de este año, en sus balances la situación real en la que se encuentran y no en la que le gustaría encontrarse con activos que, a día de hoy, no valen lo que ponen sus cuentas.
Hasta aquí, parece sensato pensar que esta reforma es oportuna y muy necesaria si no estuviéramos en una economía cuyo crecimiento será negativo en los próximos meses, si los bancos fuesen capaces de reactivar el crédito a las pymes y familias a pesar de todo y si el desempleo se estabilizara o decreciera. Todos estos condicionantes, que individualmente parecen bastante complicados de conseguir en el corto plazo y más difícil aún si quisiéramos que se cumplieran todos a la vez, hacen dudar de la conveniencia del momento en ponerla sobre la mesa.
La presión que se ha añadido a los bancos en el corto plazo para poder hacer frente a las nuevas coberturas que tendrán que ejecutar antes de fin de año (si no hay por medio una fusión de entidades bancarias que permitiría una ampliación a dos años para su saneamiento) no afecta a todos los bancos por igual.  El Banco Santander, el BBVA y la Caixabank, se encuentran en mejor situación para cumplir sus nuevas obligaciones. Este martes, por la mañana, fueron capaces de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores las provisiones que tendrán que realizar para la aplicación de la nueva normativa. Ninguno de los tres parece tener grandes problemas para ejecutar el nuevo Real Decreto. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las demás entidades, lo que obligará a acelerar el proceso de consolidación dentro del sector. Seremos testigos de fusiones importantes quedando reducido, con toda seguridad, el número de entidades bancarias en España.
En el medio y largo plazo la reforma puede ayudar a restablecer la confianza en el sector e incluso atraer inversiones extranjeras una vez que los balances de la banca española se saneen. Pero el éxito o fracaso de esta reforma fiscal vendrá dado por la resistencia que pueda seguir soportando nuestra economía y la confianza que los mercados sigan dándole al país en el corto plazo. Si la caída del PIB en España es superior a lo esperado, los activos que hoy no son problemáticos se convertirán en dudosos y habrá que volver a provisionar en el 2013 y será un ciclo sin fin. Para que todo pueda comenzar a rodar es necesario reactivar el crédito y para ello los bancos tendrán que poder estar en condiciones de hacerlo. Volvemos a estar en manos de los mercados o quizás debería decir que es posible que no dejemos de estar en sus manos por mucho tiempo.