Hace unas semanas, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, en su agradecimiento por el Premio Carlomagno, dejó caer unas observaciones que no han pasado inadvertidas. En medio de las tensiones que se viven en la eurozona con el nuevo rescate de Grecia, dejó claro que el sistema empleado para el control de las políticas económicas de los países miembros que han venido utilizando hasta ahora ha fallado. La dialéctica de vigilancia, las recomendaciones y las posibles sanciones no han sido suficientes para controlar las políticas económicas y fiscales de todos los Estados de la zona euro. Y aún se atrevió a decir más: considera que las autoridades europeas tienen la obligación de influir en las políticas económicas de los países miembros.
A buen entendedor, pocas palabras bastan. Si profundizamos sobre el tema, Trichet criticó que actualmente sí existe una unión política lo suficientemente fuerte como para impedir que un país entre o salga de ella cuando quiera, pero, sin embargo, es demasiado débil para controlar las actuaciones que cada país pueda realizar poniendo en peligro la estabilidad de los demás integrados en la zona euro. No se trata de una crítica novedosa. Desde la época de la unificación monetaria, más de una voz autorizada planteó que una unión monetaria no era viable si no existía una unión fiscal y que a la larga daría problemas. Y éstos llegaron con la crisis….
Si estamos de acuerdo en que esta situación tiene que cambiar y que podemos asumir que los Estados de la eurozona acepten una pérdida parcial de su soberanía en política fiscal, tendríamos que crear un nuevo órgano independiente que represente a la zona euro en las instituciones europeas, con una administración propia y con capacidad de anular las políticas nacionales si entraran en conflicto con los intereses de la zona euro. ¿Se pueden imaginar lo que significa que un ente comunitario sea capaz de dejar sin efecto las políticas nacionales cuando entren en conflicto con los intereses generales de la zona euro? Este organismo puede ser algo similar a una Secretaría Económica Permanente de la Unión Europea. Desde mi punto de vista, las reglas del juego tienen que estar bien definidas desde el principio. Es decir, hay que tener claro qué actuaciones contribuyen a reducir los desequilibrios macroeconómicos de la eurozona y, si dichas medidas no influyen, pueden considerarse dentro del ámbito de actuación de las soberanías nacionales. A nadie se le escapa que con esta posibilidad, la soberanía de los estados miembros queda mermada y en suspenso hasta que dicho ente comunitario determine el nivel de implicación que va a tener cada decisión nacional. Además, para que fuese efectivo, es necesario dar soluciones a los inconvenientes que ya creemos que pueden surgir, dada la experiencia vivida con nuestras instituciones. Por un lado, hay que minimizar el tiempo necesario para la toma de decisiones, permitiendo a dicho ente comunitario ser ágil, y por otro, el tamaño que tendrá que tener para, precisamente, dar respuestas rápidas a todas las políticas fiscales que pretenda cada Estado de la zona euro llevar a cabo. En este caso, lo más importante es la transparencia que debe existir por parte de todas las soberanías y lo de menos es la cantidad de dinero que habría que destinar para su creación, porque el no hacerlo cuesta mucho más.
En mi opinión, una política fiscal común es fundamental para que la Unión Europea pueda tener futuro y, por lo tanto, la creación de un ente independiente con competencias para aprobar o rechazar las medidas económicas de todos los Estados (si entraran en conflicto de intereses con la zona euro) estaría justificada.
Raquel Lucía Pérez Brito
Economista, abogada y Licenciada en Ciencias Políticas
@errelu
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