Tras los resultados de las elecciones generales el pasado domingo en España no hay tiempo para expresar los sentimientos de alegría o tristezas. La situación de la economía española no se puede permitir esperar a que el nuevo Presidente sea investido. Rajoy tendrá que dar pasos, en breve, que demuestre que efectivamente sabe lo que tiene que hacer.

A la situación actual se le ha puesto el apellido de “crisis de la deuda soberana”. Sin embargo, hay países como Bélgica, Alemania y Francia, que tienen más deuda pública que España y no están sometidos, aún, a la presión de los mercados. Esto se debe, en gran medida, a que la mayoría de sus bonos soberanos están en manos de sus inversores nacionales. Lo determinante de esta crisis no está, por tanto, en la cantidad de deuda soberana, sino en el porcentaje de la misma que está en manos de prestamistas internacionales. En otras palabras, la cantidad de dinero que tanto el sector público como privado deben al resto del mundo. En el caso de España, es necesario diferenciar la deuda pública y la privada, para no llevarnos a engaños. Los parámetros de deuda pública son inferiores a la media de la zona euro y totalmente asumibles. Sin embargo, durante la última década, el endeudamiento del sector privado español fue el que más creció entre los países desarrollados, encontrándose ahora muy por encima del promedio europeo. Los recursos financieros que las familias y las empresas demandaban para invertir y consumir fueron asumidos por el ahorro nacional en un tercio y el resto por prestamistas extranjeros. Esto provoca que el ataque a la deuda soberana, no se deba exclusivamente al tamaño de la misma, sino a lo que se percibe en el exterior sobre la capacidad de pago del Estado, las empresas y las familias en relación a toda su deuda exterior, no exclusivamente a la deuda soberana. Por lo tanto, en nuestro caso, no deberíamos hablar de “crisis de la deuda soberana”, sino de “crisis de la deuda privada”.
Para dimensionar el problema, si tenemos en consideración el conjunto de la deuda total española, en relación al PIB, nos encontramos en el cuarto lugar del ranking mundial de los países endeudados, tras Japón, Portugal y Bélgica. Resulta curioso observar como el nivel de deuda global en relación al PIB de Grecia es muy inferior al de España, Francia, Canadá, Italia y EEUU. Grecia tiene un elevado nivel de deuda pública, pero los hogares y las empresas privadas tienen un bajo nivel de endeudamiento relativo. Grecia podría resolver sus problemas si tuviesen independencia en política monetaria, ya que podrían devaluar su moneda,  ganando en competitividad y poco a poco pagar su deuda.
La dependencia de España de los inversores extranjeros provoca que sean los mercados los que impongan las políticas económicas a nuestro gobierno y juzguen si las decisiones que se toman son o no acertadas. Para que el nuevo gobierno sea capaz de parar esta presión de los mercados más que justificada, aunque nos empeñemos en decir todo lo contrario, tendrá urgentemente que dar señales en la dirección que se espera y que permitan convencer a nuestros acreedores que seremos capaces de pagar. Y sólo podremos hacerlo si crece la demanda interna, la productividad, la competitividad y por lo tanto las exportaciones.  Y como ya no es posible devaluar la moneda como antaño, la presión se ejerce sobre las llamadas «reformas estructurales», en las que los ciudadanos detectan la amenaza de recortes de derechos laborales y sociales y un latente peligro de regresión en sus condiciones de vida.
No se trata de hacer milagros, se trata de marcar una hoja de ruta realista. Las reformas estructurales que necesita España ya están en la cabeza de la mayoría y su puesta en marcha debería provocar que se vuelva a tener confianza en España y se pueda refinanciar la deuda que vence en los próximos doce meses. Pero en paralelo, será necesario buscar soluciones al endeudamiento privado, que es el principal problema de nuestra economía y que impide la recuperación de la demanda interna y la reactivación de la inversión privada.
Una de las posibles soluciones pasa por refinanciar la deuda privada, tal y como se hará con la pública, pero con el ahorro nacional. El Estado podría convertir esa deuda privada en pública y canalizar el ahorro privado nacional con deducciones fiscales a los prestamistas nacionales. Los prestamistas españoles deben tener un aliciente para invertir. Con esta medida el nivel de deuda se mantendría, pero se disminuiría, poco a poco, la dependencia de los  mercados y sus ataques.
Raquel Lucía Pérez Brito
Economista, abogada y licenciada en Ciencias Políticas.
@errelu